La conjura separatista da un nuevo paso y ahora ya son tres las regiones del oriente en rebeldía contra Morales, que tiene gran fuerza en otras tres del altiplano
Redacción de Econoticiasbolivia
La Paz, mayo 30, 2008.- Los 100 clanes que son dueños de la tierra y la vida en el oriente de Bolivia quieren perpetuar su poder y marcar como suya la rica Amazonía, de la mano de unos estatutos autonómicos puestos a votación este domingo en sendos referéndums en las tropicales regiones de Beni y Pando y en abierto desacato al gobierno del indígena Evo Morales.
El estatuto, que se prevé que sea aprobado mayoritariamente a pesar de que es ilegal e inconstitucional, tal como aconteció en Santa Cruz el pasado 4 de mayo, otorga poderes especiales a las autoridades regionales para regular el ingreso y asentamiento de los bolivianos que provengan del altiplano y los valles.
Así, por ejemplo, el artículo 6 del estatuto autonómico de Beni establece que "las migraciones e inmigraciones de grupos organizados de ciudadanos bolivianos y extranjeros que deseen asentarse en el departamento del Beni deberán ser aprobadas por dos tercios de la Asamblea Legislativa Departamental, previo consenso con la Asamblea Legislativa Provincial y concordancia con el plan de desarrollo departamental".
Esto significa, según denunció el viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, que los nacionales que deseen ingresar a los cerca de 300 mil kilómetros cuadrados de la región amazónica boliviana, colindantes con Brasil, deberán obtener un pasaporte o visa, lo que sólo se usa cuando un ciudadano viaja a otro país o a otro continente. Esta disposición también podría ser utilizada, según advirtió la Confederación Indígena del oriente, para expulsar de la región a todos los migrantes y originarios del altiplano.
Con ello, la oligarquía y los 100 clanes estarían virtualmente alambrando esa región que cubre casi la cuarta parte de todo el territorio nacional y que se caracteriza por grandes extensiones de bosques y pantanal, inmensas praderas aptas para la agricultura y la ganadería, ríos caudalosos y una incomparable riqueza en biodiversidad.
Los estatutos autonómicos, redactados por especialistas afines y a sueldo de los gobiernos prefecturales y los 100 clanes, sin participación directa de los ciudadanos, contempla la conformación de un Parlamento regional con capacidad para dictar leyes por encima de las nacionales, da prerrogativas de Presidente al prefecto o gobernador, le faculta para armar su propia milicia o fuerza pública, y les otorga poderes especiales para definir el uso y acceso de tierras, el pago de impuestos y otros aspectos de la vida política y económica de la región.
En las regiones orientales de Beni y Pando, la oligarquía, al igual que lo hizo en Santa Cruz, levantó demagógicamente la bandera de la autonomía y prometió mejorar la calidad de la vida de la gente y lograr la prosperidad de la región con lo que han ganado un masivo apoyo de la población urbana y de casi todas las organizaciones sociales, empresariales y vecinales, con la única excepción de los campesinos, los pobladores de los barrios más pobres y minoritarios sectores de izquierda. En esta región, abandonada por el Estado y los gobiernos de turnos, aislada del eje económico y político del país, hay un fuerte resentimiento contra el centralismo entre la población de casi medio millón de habitantes, de los cuales un 70 por ciento está sumida en la pobreza e indigencia. Es, por tanto, un fértil campo de cultivo para la demagogia de una oligarquía que desprecia a los indios y explota a los más pobres.
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